FRANCISCO JOSÉ NEGRETE
Muchas veces hemos avisado de que los concejales que respaldan a Murillo se pueden ver en graves problemas con la justicia y con su propio patrimonio personal, porque les están utilizando sin advertirles de las consecuencias que puede acarrearles. A Murillo y a Vadillo solo les interesan sus votos para sacar adelante cuestiones que les permitan sobrevivir a ellos políticamente. Pero en Extremadura y en toda España hay cientos de casos de concejales condenados a penas de cárcel o se han visto arruinados económicamente por responsabilidades que contrajeron al votar ciertos asuntos. Vamos a fijarnos solo en el caso de nuestra región por poner una serie de ejemplos.
Hoy mismo, los periódicos publican la condena al ex alcalde de Aldeacentenera a cuatro años y medio de cárcel y a devolver 65.485 euros al ayuntamiento. Este fue denunciado hace unos años por el excesivo gasto del ayuntamiento, las presuntas irregularidades en la gestión, los insultos y desprecios a la oposición y el acoso a algunas asociaciones. El perdió la alcaldía por una moción de censura de sus antiguos compañeros que perdieron la confianza en él, con el apoyo del PSOE.
Pero no han sido solo alcaldes los condenados sino también un buen número de concejales, muchos de los cuales aseguraron que no sabían en realidad lo que votaban en los plenos. Así, en el denominado caso Plasencia, la alcaldesa Elia Mª Blanco entró en prisión, pero fueron condenadas en total seis personas, tres empresarios y tres concejales, Francisco Barbancho, Blas Raimundo y Mónica García, que no entraron en la cárcel por penas menores a dos años.
En otro caso, el Juzgado de lo Penal número 1 de Don Benito sentenció al alcalde de la Serena, Antonio Blázquez, y a otros cinco ediles por “votar en un pleno de la Corporación local dos acuerdos municipales arbitrarios.
El alcalde de Berlanga, Juan Manuel Ortiz Paredes, se enfrentó a una pena de 4 años y 9 meses de cárcel, y la Fiscalía pidió otros tantos para otros cuatro concejales. Se les acusó, entre otros delitos, de prevaricación administrativa. También fueron acusados el tesorero y la Secretaria municipal que ejercían en el momento en el que se produjeron los hechos.
Podíamos poner decenas de ejemplos más, aunque en Alburquerque tenemos el caso del alcalde Juan Viera, quien fue condenado a devolver 212 millones de pesetas de deuda que generó en el ayuntamiento, tras ser echado de la alcaldía por sus propios concejales en una moción de censura.
Es evidente que la deuda actual del ayuntamiento multiplica por más de 10 aquella otra y que en un futuro tendrá que salir a la luz el destino real de los fondos y tal vez alguno de los que sigan en el barco se lleven alguna sorpresa. Tal vez ahora que se han echado al monte, no haya piedad y la justicia intervenga de una vez por todas. No le deseamos mal a nadie, pero tampoco queremos pagar justos por pecadores. Los responsables que den la cara y asuman su culpa…