El ayuntamiento de Alburquerque está procediendo el despido colectivo encubierto de trabajadores municipales al presentarlos como no renovación de contratos temporales cuando en realidad los afectados son en su inmensa mayoría indefinidos, dado que llevan más de tres años encadenando contratos. Además, se le está tratando de “engatusar” para que no reclamen sus derechos diciéndoles que el año próximo, cuando mejore la economía municipal, se les volvería a llamar para reanudar las contrataciones.
Esta revista ha contactado con un experto en relaciones laborales, quien nos indica que “el encadenamiento de contratos temporales por obra o servicio, o por circunstancias de la producción, incluidas sus prórrogas, no pueden exceder de tres años de duración y, en tal caso los trabajadores adquirirían la condición de indefinidos, pues su contratación claramente estaría efectuada en fraude de ley”. Y añade que “ni siquiera el hecho de que un contrato temporal dependa de una subvención o ayuda justifica el encadenamiento contractual, pues eso no evita o atenúa el fraude de ley”.
Según aseguran dos de los trabajadores a quienes no se les ha renovado los contratos, el número de afectados podría rondar ya la treintena, pero no lo saben ciertamente porque la alcaldesa les está citando y llamando uno a uno para tratar de que no exijan sus derechos laborales. De hecho, la mayoría ni siquiera están seguros de que sean indefinidos a pesar de que llevan cuatro años como mínimo contratados por el ayuntamiento. Y, en este caso, según explica con total seguridad el experto consultado por AZAGALA, al haber decidido el gobierno local que “no se prorroguen los contratos, bien todos a la vez o de forma escalonada en el tiempo, estaríamos ante un despido colectivo encubierto, y en esa situación los trabajadores tendrían derecho a una indemnización”.
Por ello, los afectados tienen que impugnar sus despidos para lo cual han de presentar una reclamación administrativa previa ante el Ayuntamiento y, si éste resuelve negativamente o no contesta, presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social. De lo contrario, perderían sus antigüedades y el derecho a una importante indemnización.
Para este especialista en relaciones laborales estamos antes un “claro despido improcedente y por ello los trabajadores deben impugnarlo”. De esta manera, tanto en vía administrativa como judicial, la sentencia sería con total seguridad favorable a los afectados y el Ayuntamiento tendría dos opciones:
1ª. Rescindir la relación laboral abonando una indemnización equivalente a 33 días de salario por cada año de servicio.
2ª. Readmitir al trabajador debiendo abonarle los salarios de tramitación, que son aquellos que van desde la fecha del despido, hasta la fecha de reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo.
Sea como fuere, explica este experto, “el coste económico que tendrían que soportar las arcas municipales sería muy alto y, para minimizarlo, lo correcto sería efectuar abiertamente un despido colectivo, actuando como mediadora la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, e intentar llegar a un acuerdo negociado concretando cuántos contratos temporales deben rescindirse (estén o no en fraude de ley), fijando indemnizaciones negociadas, y determinando fechas y plazos para efectuar el pago efectivo de las indemnizaciones pactadas”.
Sin embargo, la alcaldesa que es quien está dando la cara, porque Vadillo no quiere “mancharse políticamente” aunque es partidario de los despidos, está procediendo por la vía fácil tratando de engañar, una vez más, a los trabajadores con el cuento de que volverán a contratarles, a sabiendas de que eso es imposible porque la economía municipal no va a ir a mejor, sino a peor, entre otras cosas porque tienen que empezar a pagar este año los 3,6 millones de euros del crédito para liquidar la deuda con Seguridad Social, deuda que vuelve a ser escandalosa tres años después de liquidarse con esa lluvia de millones.
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Portada: Vadillo y Murillo tras ganar las elecciones el PSOE con Murillo a la cabeza, en 2019./ infoprovincia.net