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Manifestación para recordar que el salario es un derecho y no una limosna

Algo más de 150 personas, según el sindicato convocante USO, se han manifestado esta mañana en la plaza de España, para protestar por los impagos que desde hace cerca de dos años se vienen produciendo en el ayuntamiento. Actualmente se les adeudan tres nóminas a los 10 funcionarios y entre 2 y 4 a los aproximadamente 80 contratados.

Entre los asistentes había funcionarios y trabajadoras de los servicios sociales, además de familiares de los afectados y personas que se han querido solidarizar con ellos, autónomos y miembros de los sindicatos UGT, CCOO y de los partidos políticos Ipal y PP.

En la organización se temía un fracaso de la convocatoria dado que ayer por la tarde, la alcaldesa, Marisa Murillo, hizo público un comunicado en el que pedía colaboración a los trabajadores por los “problemas de liquidez” del consistorio y les advertía que “este ayuntamiento está dispuesto a resistir si la gente a la que ayuda es consciente de la situación”. “De no ser así, añadió “el ayuntamiento se vería obligado a quedarse con la plantilla normal de funcionarios y los servicios básicos que contempla la ley”. Murillo explicaba que “si cuenta con la cooperación de todos, se mantendrá luchando por cubrir las necesidades de la gente en la crisis que viene por la pandemia, pero de no contar con esta cooperación, nos veremos obligados a no poder mantener las ayudas que da el ayuntamiento a la gente”.

Eso lo entendió la sección sindical de USO en el ayuntamiento como una “amenaza a los trabajadores” y, por eso, su delegado municipal, Raúl Molano, entre lágrimas, se mostraba hoy “sorprendido gratamente por la respuesta de la gente”. Este señalaba en un comunicado leído en el acto que “ha llegado la hora de decir basta a las mentiras y las amenaza”,  y pidió a las autoridades provinciales, regionales y nacionales que “tomen cartas en el asunto». Añadió que han “tendido la mano en numerosas ocasiones a la alcaldía para buscar soluciones o, al menos que se les explique los motivos por los que no cobramos las nóminas”, pero nunca han recibido respuesta. Habló de “problemas de las familias para pagar hipotecas” y de “pedir fiados los productos de primera necesidad y estar a expensas de la caridad de los comercios”.

Juan Antonio García, secretario de USO Extremadura, criticó a la alcaldesa por “amenazar veladamente con despidos a los trabajadores”. “Si van a tomar represalias por la concentración de hoy, nos van a tener aquí todos los días”, añadió.

Gala, trabajadora de servicio de ayuda a domicilio, explicó que había hablado con Murillo esta semana para decirle que “nadie trabaja gratis y me dijo que ellos hacían bastante con sacarnos a trabajar”.

Juan Luis González, funcionario que lleva 38 años en el consistorio, pidió que “nos digan cómo podemos vivir sin dinero”. “Yo no tengo derecho a becas, ni a paro, ni a Erte y tengo cero ingresos un mes tras otro”, añadió.

Manuel Gutiérrez, portavoz de Ipal, grupo mayoritario en la oposición, dijo no esperar “una acogida tan espléndida dentro de las limitaciones por las políticas basadas en el miedo y en las coacciones a los trabajadores”. Aseguró que “hace unos años, el señor que maneja los destinos del cortijo, el ex alcalde Ángel Vadillo, jamás habría pensado que podría darse una manifestación de trabajadores”. “Él era el adalid del sindicalismo y ahora, escondido ilegalmente en ese cortijo, no ha dado la cara hoy para defender los derechos de los trabajadores”, finalizó.

El diputado nacional popular, Víctor Píriz, presente en el acto, dijo que Murillo tiene al pueblo “sumido en la miseria económica con más de 11 millones de euros de deuda, y en la ruina moral, al amenazar a empleados públicos con despidos si venían a la manifestación”.

Dijo a Vara, “conocedor de todo lo que pasa aquí y colaborador necesario”, que “su buenismo debe acabar donde empiezan los derechos de los trabajadores”. Además, criticó que Gallardo, presidente de la Diputación, y “buen socialista”, tenga como diputada a Marisa Murillo, que no respeta los derechos de los trabajadores.

Anunció finalmente que su partido va a pedir de forma oficial que el ayuntamiento sea intervenido por Hacienda para que los trabajadores puedan cobrar todo lo que se les adeuda.