ANTONIO L. RUBIO BERNAL
Al igual que el progreso económico de una sociedad y su bienestar social no vienen dados únicamente por la vía de subir el salario mínimo por decreto, que en buena lid debe ser reflejo de otros muchos factores –coste de la vida, mercado laboral, capacidad del tejido productivo… y capacidad de pago de las empresas, fomentando y favoreciendo sus inversiones-, no se logra la reforma de una norma tan importante para nuestra sociedad como su CÓDIGO PENAL -justo, duradero y con todas las garantías-, SÓLO mirando hacia un lado; es decir, hacia un sector mínimo de la sociedad -por cierto, formado por quienes alegremente lo han infringido, importándoles un bledo lo hecho y con propósito de reincidir hasta lograr su autodeterminación-. A la mente me viene el acertijo de Ángel Ganivet, precursor de la Generación del 98, cuando dijo: “Entonces estuvo nuestra patria a dos pasos de realizar su ideal jurídico: que todos los españoles llevasen en el bolsillo una carta foral con un solo artículo, redactado en estos términos breves, claros y contundentes: “Este español está autorizado para hacer lo que le dé la gana”, –sin real-.
¿Qué pensaría el actual gobierno de España si estas mismas palabras fuesen pronunciadas por un europeo, por ejemplo, un alemán, de cuyo país D. Francisco Tomás y Valiente (D.E.P.) tomó modelo para dotarnos a nosotros de un código penal garantista y con visos democráticos? Al pelo vendrían las palabras del grande, del único, D. Miguel Hernández: ¡Ay, España de mi vida/ ay España de mi muerte!
Llevar a efecto una barbaridad como la expuesta, en exclusiva del actual estilo de gobierno de la coalición social-comunista, una reforma del Código Penal “ad hoc” –hecha sólo para un fin determinado o situación concreta, es decir, “para esto”- sólo sería, como decimos aquí en Extremadura, una “trocha” –y buena- para “anular” la pena impuesta por nuestro Tribunal Supremo a un grupúsculo de políticos catalanes independentistas, pues según Sánchez –que yo sepa es economista, no jurista- “tenemos un Código Penal que no corresponde con la época con que ha tocado vivir a España”. ¡Toma castaña! Alguno se preguntará: ¿qué barbaridad acaba de decir este hombre?, pudiéndose referir no sólo a mí, sino también a él. Incluso algún barón socialista podría pensar justamente como yo –que conozca, salvo García Page, al que han espetado que no es de su incumbencia y él ha respondido que “sólo faltaría que el PSOE quisiera imponer una ley del silencio, el resto, hasta hoy, no suelta prenda, salvo el salmo responsorial de “no serviría para nada”-. Lo que ha leído, atribuyéndose el gobierno plenas responsabilidades, y simplemente por medio de una Proposición de Ley del Grupo Socialista –sí, porque nadie más se va a subir al carro- pretenderían saltarse al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado y al Consejo Fiscal. ¿Ha leído bien? A la chita callando. ¿Hay quien dé más?
Las correspondencias son las que son; pensemos que con una ley singular lograrían un solo efecto, por consiguiente, también único. Luego, ¿dónde quedaría la igualdad jurídica, y por qué no la ciudadanía igualitaria, entre los españoles, de la que tanto se ha presumido en este país en la era democrática? ¿Sería legítimo que un Estado cediera a intereses particulares? O mirado desde otro prisma, ¿No pudiera ser una manera sibilina de pagar réditos a ERC por el sostenimiento de este ejecutivo, indultando a los condenados por el procés? Y ostentar el poder a costa de esta maniobra cicatera, ¿le merecería la pena a un partido que presume de 140 años de honradez o esto último sólo es slogan totalmente reñido con la realidad?
Lo que más me indignaría -es más, me enojaría como jurista, y por ello reflejo mi opinión-, sería ver al Tribunal Supremo humillado, teniendo que hacer ajustes a su sentencia para acomodarla a las nuevas penas contempladas en el nuevo código. En una batalla hay muchos modos de atacar, este pudiera ser uno, pero ejemplar, de los muchos ataques que estamos viendo contra el Estado de Derecho, destrozando su organización política común, su territorio y sus órganos de gobierno. Con su proceder, Sr. Sánchez –sí, porque a su vicepresidente no me voy a dirigir, claro- la soberanía e independencia política vuelan por los aires, afición que según parece usted tiene. Pero no sólo eso, usted, visto lo visto –y su proceder-, desprecia los controles judiciales establecidos en el sistema -todo sea por “desjudicializar” la política, compromiso pactado con ERC-, con lo cual está logrando lo deseado por aquellos que alegremente desprecian el Estado de Derecho pero adoran la politización de la justicia. Sin pretensión o con ella, desde las alturas, en Falcon o en helicóptero, cual dios Zeus, annus horribilis nos anuncia.