El Servicio de Interior y Protección Civil ha emitido un informe en el que dejan claro que el alcalde Ángel Vadillo faltó a la verdad en el último pleno cuando dijo que “tras comunicaciones con la dirección general competente de la Junta de Extremadura para buscar soluciones para tener una bolsa de sustitución de policías locales, la solución es la de contratar alguaciles para suplir a estos y que entran dentro del organigrama en la sustitución y la mejora de la seguridad local”.
Según consta en este informe, “en conversaciones mantenidas con el alcalde y el secretario, y tras la consulta planteada en cuanto a la posibilidad de contratar vigilantes de seguridad para cubrir el déficit en la plantilla de policías”, los responsables de la Junta reiteraron que el ayuntamiento tenía que ajustarse a la ley que establece que “los policías locales habrán de ostentar la condición de funcionario, quedando prohibida las contrataciones de naturaleza laboral o administrativa”.
En este informe remitido al cuerpo de policía de Alburquerque y al propio secretario del ayuntamiento, la Junta de Extremadura, y reproducimos textualmente la frase, “niega rotundamente las aseveraciones del alcalde de Alburquerque en el pleno de 26 de julio”, puesto que “en ningún momento se le planteó que los vigilantes de seguridad entren dentro del organigrama del cuerpo de policía local en tema de sustituciones y en el ejercicio de funciones de seguridad local”.
Ángel Vadillo había planteado al citado Servicio la posibilidad de contratar a vigilantes de seguridad para cubrir el déficit de plantilla de la policía local y justificar la contratación de dos personas que ejercen ya como “alguaciles”. Ambos tienen la titulación de vigilantes de seguridad y, al menos uno de ellos, tiene una amplia experiencia en este campo y además posee el título de Criminología, pero no ostenta la condición de funcionario del cuerpo de policía.
Es por ello que la Junta de Extremadura deja claro que Ángel Vadillo no dijo la verdad en el pleno porque estos alguaciles “no comportan el efectivo ejercicio de autoridad reservada a los funcionarios públicos de carrera del cuerpo de Policía Local del ayuntamiento”.
Además, según consta en dicho informe, “los vigilantes de seguridad no podrán realizar actuaciones propias de la policía como cortar calles o regular el tráfico”, ni podrán usar “grilletes ni defensas ni usar instalaciones, materiales y formas de comunicación habituales de la policía local”.
El incumplimiento de estas consideraciones, según refleja el escrito al que ha tenido acceso esta revista, supondría ir “en contra de la ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura y en la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, con independencia de los ilícitos penales en que pudieran incurrir tanto el ayuntamiento de Alburquerque como los vigilantes”.
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FOTO 1: Vista panorámica del centro de Alburquerque.
FOTO 2: Imagen tomada de internet de un vigilante de seguridad.